Introducción: Un Cambio de Paradigma en el Escenario de Riesgo Crediticio de China
Estimados inversores y colegas del mundo hispanohablante. Les habla el Profesor Liu, desde mi escritorio en Shanghai, rodeado de pilas de expedientes que cuentan historias de auge y, a veces, de caída. Con más de una década acompañando a empresas extranjeras en su travesía por el complejo ecosistema financiero y regulatorio de China, he sido testigo de cómo la incertidumbre en los procesos de insolvencia podía opacar las mejores oportunidades de inversión. Por eso, cuando en 2021 entró en vigor la Ley de Quiebras de la República Popular China revisada, supe que no estábamos ante una mera actualización legal, sino ante un cambio de paradigma. El núcleo de esta transformación reside en las Medidas de fortalecimiento de la protección de acreedores, un conjunto de herramientas diseñadas para equilibrar una balanza que durante mucho tiempo se inclinó, percibida o realmente, hacia otros intereses. Este artículo no es solo un análisis jurídico; es una guía práctica, escrita desde la trinchera, para que ustedes, actores clave en el mercado, comprendan cómo este nuevo marco puede salvaguardar sus inversiones, convertir situaciones de crisis en oportunidades de recuperación y, en última instancia, infundir mayor confianza en el rule of law chino. La quiebra dejó de ser un tabú para convertirse en un mecanismo de saneamiento económico, y el acreedor pasó de espectador ansioso a protagonista informado y empoderado.
Ampliación del Alcance
Uno de los avances más significativos, y que más directamente impacta a los inversores extranjeros, es la ampliación del ámbito personal de aplicación de la ley. Tradicionalmente, el procedimiento de quiebra en China estaba casi exclusivamente reservado para las empresas jurídicas, dejando en un limbo a los empresarios individuales y a las sociedades de personas con deudas insostenibles. Recuerdo el caso de un distribuidor español de componentes de automoción que, tras la quiebra de su socio comercial chino (una empresa familiar con responsabilidad ilimitada), se encontró con que no podía perseguir los activos personales del dueño a través del proceso concursal. Era una batalla legal fragmentada y agotadora. La ley revisada, al incorporar de manera más explícita y práctica a estos deudores "no jurídicos", cierra esta brecha. Esto significa que, en un escenario de insolvencia, el conjunto del patrimonio del deudor, sea persona física o jurídica, puede ser sometido a un procedimiento unificado, transparente y supervisado por el tribunal. Para el acreedor, esto se traduce en un abanico de activos potencialmente recuperables mucho más amplio y en una simplificación procesal monumental. Ya no hay que iniciar veinte juicios ejecutivos distintos; el administrador judicial, bajo la mirada del juez, se encargará de identificar y liquidar todos los bienes disponibles.
Esta ampliación no es solo teórica. Refleja la madurez de una economía de mercado que reconoce la necesidad de un "aterrizaje suave" para todo tipo de actores económicos fallidos. Desde nuestra perspectiva en Jiaxi, hemos tenido que adaptar nuestros protocolos de due diligence para clientes que invierten en PYMEs o joint-ventures. Ahora, además de analizar los balances de la empresa, debemos evaluar con mayor profundidad la solvencia y estructura patrimonial de sus socios controladores, pues su responsabilidad puede ser llamada a un proceso conjunto. Es un trabajo más meticuloso, pero que a la larga proporciona una capa adicional de seguridad. La ley envía un mensaje claro: el compromiso con los acreedores es serio, y el sistema busca maximizar el valor de la masa concursal sin importar la forma jurídica bajo la cual se escondan los activos. Este es el primer y fundamental pilar de la protección reforzada.
Refuerzo del Administrador Judicial
Si tuviera que señalar el engranaje más crítico del nuevo sistema, sin duda sería la figura del administrador judicial. Antes, su papel era a menudo burocrático, reactivo y, en algunos casos, opaco. La ley revisada los dota de poderes más amplios y, al mismo tiempo, los sujeta a estándares de responsabilidad más estrictos. Imaginen a un administrador que ahora tiene la obligación y la facultad de investigar y solicitar la nulidad de actos perjudiciales para la masa activa realizados en el período previo a la declaración de quiebra (look-back period). Esto incluye pagos preferentes a ciertos acreedores, enajenaciones a precio de ganga o garantías constituidas sobre bienes libres de forma sospechosa. En una experiencia personal, representando a un fondo de inversión alemán como acreedor, presenciamos cómo el nuevo administrador, apoyándose en estas facultades, logró revertir la venta de una patente clave que el deudor había transferido a una empresa vinculada por una fracción de su valor. Esa patente, una vez reintegrada al patrimonio, aumentó significativamente el dividendo para todos los acreedores.
El desafío administrativo aquí, y lo digo por experiencia, es la coordinación. El administrador necesita información precisa y rápida sobre las operaciones del deudor. A menudo, nosotros, como asesores de los acreedores, nos convertimos en sus ojos y oídos, proporcionando documentación contractual y flujos de pagos que evidencian conductas anómalas. La ley fomenta esta colaboración. Además, el sistema de selección y remuneración de los administradores se ha profesionalizado, vinculando sus honorarios al valor recuperado, lo que alinea sus incentivos con los nuestros. Ya no es un mero custodio de un naufragio; es el capitán encargado de salvar la mayor carga posible para los legítimos dueños. Este refuerzo convierte al administrador de un tramitador en un verdadero gestor de crisis, y esa es una de las mejoras más palpables en el día a día.
Mayor Transparencia Informativa
La opacidad era el caldo de cultivo del descontento y la desconfianza de los acreedores. Antes, era común sentirse a merced de decisiones tomadas a puerta cerrada entre el deudor, el tribunal y, a veces, ciertos acreedores privilegiados. La nueva ley institucionaliza la transparencia como un derecho fundamental del acreedor. Se establecen plazos claros para la presentación de informes por parte del administrador, se regula el contenido mínimo de dichos informes (incluyendo el inventario de activos, el estado de las reclamaciones admitidas y el plan de gestión) y, lo más importante, se fortalece la Asamblea de Acreedores como órgano de supervisión y decisión. En la práctica, esto se materializa en portales en línea gestionados por los tribunales donde se publican edictos, informes y convocatorias. Para un acreedor con sede en Madrid o Ciudad de México, esto es revolucionario: permite un monitoreo remoto y en tiempo casi real del procedimiento.
Un caso que ilustra este punto fue el de una empresa latinoamericana proveedora de materias primas para la construcción. Tras la quiebra de su cliente chino, pudieron seguir todo el proceso desde su oficina. Recibieron notificaciones digitales, descargaron los informes de inventario (donde vieron listados los equipos que su cliente les debía) y votaron electrónicamente sobre el plan de reestructuración. La sensación de impotencia se transformó en una participación informada. Claro, el desafío persiste en la estandarización de estos sistemas digitales a lo largo de todo el territorio chino, pero la dirección es inequívoca. La transparencia no solo es justicia; es una herramienta de eficiencia que reduce conflictos y acelera los procesos. Para nosotros en Jiaxi, este punto ha cambiado radicalmente la forma en que asesoramos a nuestros clientes: ahora dedicamos una parte importante de nuestra labor a ayudarlos a navegar y explotar estos canales de información, asegurándonos de que no pierdan plazos cruciales y de que sus voces sean escuchadas en las asambleas.
Mecanismos de Reestructuración Ágiles
La quiebra no siempre significa liquidación y muerte empresarial. Muchas veces, la mejor manera de proteger a los acreedores es mantener a la empresa como negocio en marcha, pues su valor en funcionamiento suele ser muy superior al de sus activos vendidos por separado. La ley revisada introduce y perfecciona mecanismos de reestructuración previos a la quiebra y concursales que son notablemente más ágiles y orientados al mercado. El concepto de "DIP Financing" (Debtor-in-Possession Financing), aunque no idéntico al modelo anglosajón, ha sido incorporado de facto, permitiendo a la empresa en reestructuración obtener nueva financiación con prioridad, lo que puede ser vital para su supervivencia. Esto es crucial para los acreedores, ya que una reestructuración exitosa puede ofrecer una tasa de recuperación mucho mayor que una liquidación apresurada.
He participado en varias de estas negociaciones. La dinámica ha cambiado. Ya no es una pulseada por los restos, sino una mesa donde se discute cómo recomponer el negocio. Los acreedores, especialmente los financieros o los proveedores estratégicos, pueden convertirse en parte de la solución, canjeando deuda por equity o acordando moratorias con contrapartidas. La ley otorga a los tribunales herramientas para aprobar planes de reestructuración incluso frente a la oposición de minorías recalcitrantes (cram-down), siempre que se cumplan ciertos criterios de equidad. Esto evita que un pequeño acreedor bloquee un acuerdo beneficioso para la mayoría. Es un equilibrio delicado entre el derecho individual y el interés colectivo, pero en la práctica, fomenta acuerdos pragmáticos. Para el inversor extranjero, entender estos mecanismos es clave: su crédito puede transformarse de un pasivo en dificultades a una participación en una empresa saneada.
Prioridades y Derechos de Voto
El orden de prelación de créditos (qué se paga primero y qué después) es el corazón de cualquier ley de quiebras. La revisión china no altera radicalmente la pirámide (los créditos laborales y fiscales siguen teniendo alta prioridad), pero introduce matices y clarificaciones que benefician la equidad entre acreedores ordinarios. Por ejemplo, se ha precisado el tratamiento de los créditos garantizados, dándoles una posición preeminente sobre el activo concreto que garantiza su deuda, lo que brinda mayor predictibilidad a los prestamistas. Además, se ha refinado el sistema de clasificación de acreedores para la votación en los planes de reestructuración, buscando una representación más justa de los diferentes intereses en juego.
Desde el punto de vista operativo, el mayor avance está en el peso del voto. La ley busca evitar que un solo acreedor grande domine el proceso en perjuicio de una multitud de pequeños. Se establecen agrupaciones (por ejemplo, acreedores financieros, acreedores comerciales, acreedores fiscales) y a veces se requiere una doble mayoría (por número de acreedores y por monto de crédito) para la aprobación de decisiones clave. Esto, francamente, puede hacer las negociaciones más complejas, pero también más democráticas. En un procedimiento reciente por una fábrica textil, un gran banco acreedor tuvo que negociar seriamente con una coalición de más de cien pequeños proveedores para lograr un plan viable. Fue un proceso tedioso, pero el resultado fue un acuerdo más equilibrado y estable. Para el inversor extranjero, esto significa que su voto cuenta, pero también que debe estar preparado para construir consensos. No basta con tener un crédito grande; hay que persuadir y negociar.
Conclusión: Hacia un Ecosistema de Crédito más Sano y Predecible
Las Medidas de fortalecimiento de la protección de acreedores en la ley de quiebras china revisada no son una panacea. Aún quedan desafíos en su implementación uniforme a lo largo de un país tan vasto, y la cultura de recurrir a la quiebra como herramienta de gestión sigue en desarrollo. Sin embargo, el cambio de rumbo es innegable y profundo. Hemos pasado de un sistema donde la quiebra era vista principalmente como un instrumento de orden social y liquidación de empresas estatales fallidas, a un marco moderno que reconoce la quiebra y la reestructuración como partes integrales de un mercado dinámico, donde la protección de los derechos de los acreedores es esencial para la asignación eficiente del capital y la confianza de los inversores.
Para la comunidad inversora hispanohablante, este es un mensaje alentador. Significa que sus riesgos crediticios en China cuentan ahora con un paraguas legal más robusto, transparente y predecible. Les insto a no ver estas normas como un mero texto legal, sino como un conjunto de herramientas activas. Involúcrense desde el principio en los procedimientos, ejerzan sus derechos a la información, participen en las asambleas y colaboren con administradores profesionales. La perspectiva personal que me dejan estos años es que el derecho, por bueno que sea, necesita de partes vigilantes para cobrar vida plena. El futuro de la protección crediticia en China dependerá, en gran medida, de cómo acreedores sofisticados, locales y extranjeros, utilicen y presionen por la correcta aplicación de estas medidas. Estamos, sin duda, en un camino hacia un ecosistema de crédito más sano, donde el fracaso empresarial tenga una salida ordenada y la confianza cross-border se fortalezca.
Perspectiva de Jiaxi Finanzas e Impuestos
Desde la trinchera de la asesoría práctica en Jiaxi Finanzas e Impuestos, observamos la revisión de la Ley de Quiebras china no como un evento aislado, sino como la pieza final que encaja en un rompecabezas mayor de mejora regulatoria. Para nuestros clientes internacionales, este fortalecimiento de la protección del acreedor es un multiplicador de la seguridad jurídica. Lo interpretamos como una señal clara de que China está comprometida con la nivelación del terreno de juego, donde los derechos de propiedad y crediticios se hacen exigibles mediante procedimientos estandarizados y supervisados. Nuestra recomendación constante ha evolucionado: ya no se trata solo de realizar una due diligence financiera ex ante, sino de incorporar un "plan B" concursal en la estrategia de inversión. Es decir, analizar desde el principio cómo se estructurarían los derechos de crédito, qué garantías serían más eficaces bajo el nuevo marco y cuál sería el protocolo de acción en caso de insolvencia del socio o deudor. Hemos integrado en nuestros servicios la monitorización proactiva de señales de alerta temprana que puedan activar estos protocolos. La nueva ley nos proporciona las herramientas; nuestro rol es capacitar a los inversores para usarlas con eficacia, transformando lo que antes era un área gris de alto riesgo en un proceso gestionable, aunque nunca exento de dificultad. En esencia, vemos esta reforma como un catalizador para una inversión más informada, más segura y, por tanto, más abundante.
